Monica Fein y Esteban Paulón presentaron 4 proyectos de ley vinculados a garantizar el acceso a la salud, educación, alimentación, energía y transporte. «Creemos que la dirección que le dio el presidente a su gobierno profundizó la grave situación financiera que se venía gestando. Es hora de pensar en la gente, los únicos afectados, y dejar de gobernar con slogans y a través de las redes sociales», manifiestan.
Fortalecimiento de ingresos de sectores populares. Los legisladores santafesinos promueven aumentos en jubilaciones, asignaciones y bonos para beneficiarios de la Tarjeta Alimentar. Este proyecto dispone una suba del 30%, retroactivo a febrero -con carácter remunerativo-, para los beneficios previsionales equivalentes hasta dos jubilaciones mínimas.
Además incluye un bono extraordinario para familias beneficiarias de la Tarjeta alimentar, destinado a cubrir la compra de útiles escolares. El beneficio iría de 40 mil hasta 100 mil pesos, de acuerdo a la cantidad de hijos.
Energía. Ante la actualización del esquema tarifario de energía eléctrica y gas, Fein y Paulón reactivan el proyecto de ley presentado durante 2023 y desde donde se propone la regulación del servicio de garrafa de gas licuado de petróleo, con la intención de contener su precio frente a los aumentos desmedidos.
Transporte. El proyecto de los diputados por Santa Fe solicita al ejecutivo que se considere la vigencia del artículo 81 de la ley 27.701, el cual manifiesta la prórroga del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País.
Salud. El proyecto de ley solicita que se garantice la continuidad de los tratamientos oncológicos, de enfermedades crónicas discapacitantes y de patologías agudas urgentes, cuya provisión de medicamentos se encuentra bajo la órbita de la Dirección De Asistencia Directa Por Situaciones Especiales (DADSE), y evite poner en riesgo la salud y la vida de las y los pacientes.
Según la cartera de Capital Humano, la suspensión está vinculada a irregularidades detectadas por la Auditoría Interna y seguirá vigente hasta tanto se revisen los circuitos administrativos. “Lo cierto es que, más allá de las acciones que pudieran corresponder frente a la presencia de este tipo de irregularidades, hoy no existe certeza sobre lo que sucederá a futuro y sobre las chances de que las personas continúen recibiendo sus tratamientos.
La implementación de este tipo de
procedimientos administrativos que revisten cierta complejidad, no puede poner en riesgo la salud
de las personas. Se debe mejorar el sistema y, en paralelo, garantizar la continuidad de los
tratamientos. El Estado Nacional, como autoridad rectora en políticas de salud y como garante de
este derecho, es el responsable de garantizar. El ajuste no puede recaer sobre quienes más lo necesitan”, concluyen.
